CON GRAN AFORO SE DESARROLLÓ CONSERVATORIO AFIICH/ANEIICH SOBRE TUTELA LABORAL

Realizado de manera virtual y con una gran convocatoria, el coloquio contó con la exposición de Macarena García y Ana Fullerton, abogadas, asesoras legales de AFIICH y ANEIICH, respectivamente, y que fueron las encargadas de elaborar e interponer el amparo legal en favor de los funcionarios del SII.

El conversatorio se inició con la intervención de Juan Apablaza, Presidente de nuestra asociación quien hizo una contextualización del proceso que llevaron a cabo las asociaciones de funcionarios del SII para desembocar en la necesidad de interponer una tutela laboral para resguardar la seguridad y la vida de los trabajadores del Servicio, asegurando que si bien las autoridades accedieron a la petición hecha por AFIICH y ANEIICH de que los trabajadores pudieran desarrollar sus labores de manera telemática, en virtud del oficio emanado desde la Contraloría General de la República que validada esta forma de trabajo, las discrepancias surgirían por el hecho de que la dirección elaborara un protocolo con una fecha fija de retorno a labores presenciales, sin clarificar qué grupo de trabajadores tendría que retornar, y tomando, además, decisiones unilaterales respecto de aquello.

Asimismo, remarcó que si bien la medida fue una medida valiosa, pues “habían miles de personas que necesitaban ese dinero y con anterioridad a que se entregara; sin embargo, criticamos el cómo se llevó a cabo esta medida”, manifestó Apablaza, precisando en que el tiempo que se le entregó al Servicio, y por ende a los funcionarios, para implementar la medida no fue el que correspondía para una medida tan importante: “Al Servicio se le dio una semana para ejecutar en las plataformas, teniendo a gente que trabajó día y noche para llevarlo a cabo”, recalcó el dirigente.

“Como no llegamos a acuerdo y se fueron tomando resoluciones unilateralmente (…) estuvimos obligados a tomar la vía jurídica (mediante la iniciación de un juicio de tutela laboral) y que fuera un juez el que resuelva las condiciones que deben ser aplicadas para que la gente se reintegre progresivamente”, sentenció nuestro dirigente.

Luego, fue el turno de Marcos Gonzalez, Presidente de ANEIICH, quien tomó la palabra, manifestando que la intención de las asociaciones fue siempre tender instancias de dialogo y acuerdo con las autoridades del SII, pero que éstas fueron desoídas, lo que empujó a los dirigentes a iniciar una tutela laboral: “Tomamos la decisión de emprender una acción judicial que obligara a las autoridades del servicio a tomar las distintas medidas que permitieran proteger la salud y la vida de nuestros asociados a lo largo del país, detalló.

Macarena García, abogada de la Universidad Central, Magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesora legal de AFIICH, fue la encargada de explicar en qué consistió el proceso legal al que se refiere una tutela laboral y el contexto de para qué fue necesario iniciar dicha acción judicial.

“La idea de la presentación de una tutela laboral surgió para pedirle al juez laboral que se protegiera a los grupos de riesgo y se implementaran las condiciones sanitarias que permitieran desarrollar las funciones de manera adecuada y éste toma medidas cautelares cuando estima que existe un riesgo para la vida y la salud de los funcionarios, que fue lo resolución que tomó el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago”, sostuvo la abogada de AFIICH, expresando que la medida que tomó la justicia favoreció directamente a los funcionarios y asociados mayores de 60 años y a quienes padecieran algún tipo de enfermedad de base.

Ana Fullerton, abogada de la Universidad de Valparaíso, especialista en Derecho Administrativo y Laboral, además de asesora legal de ANEIICH, fue la encarga de explicar los derechos que cautela la tutela laboral en su generalidad, asegurando que la figura de dicho mecanismo es intentar que la justicia del trabajo reconociera la calidad de sujeto de derecho y sujeto de derechos humanos a los empleados públicos, hecho que repercute en la aplicación de medidas cautelares que resguardan la salud y la vida de los trabajadores.

“Esta situación, entonces, clarifica que los derechos humanos son irrenunciables y que ha sido un logro históricos de los trabajadores poner ciertos limites al poder empresarial y al estado por lograr proteger y cautelar ciertos derechos, derechos humanos, derechos laborales básicos y que se vuelven irrenunciables, aunque la persona quiera renunciarlos”, sentenció Fullerton en cuanto a la posibilidad de que algún funcionario esté en contra de lo dictaminado por la justicia.

En la parte final del conservatorio, intervino también José Pérez Debelli, Presidente de ANEF, para que entregara su apreciación respecto de la iniciativa legal llevada a cabo por las asociaciones de funcionarios del SII, remarcando que este instrumento importante de trabajo sindical que está disponible para preservar los derechos y las garantías de los empleados públicos: “Lo que hoy logramos es un avance para democratizar esta función laboral para los servidores y servidoras públicas, forjando un marco de mayor protección a garantías que son fundamentales, por lo que será nuestro rol empujar en cada asociación de funcionarios esta buena aplicación la tutela laboral”, precisó el máximo dirigente de la máxima organización de los trabajadores del Estado.

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